El portavoz parlamentario de IU reclama que el Ejecutivo detalle las razones para oponerse, además de si piensa facilitar alguna de las peticiones de colaboración realizadas ya por las familias afectadas.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso una completa y documentada pregunta dirigida al Ejecutivo para conocer el grado de implicación que éste piensa adoptar en el oscuro tema de los niños perdidos del franquismo y las adaptaciones ilegales llevadas a cabo hasta los años 80. Así, Llamazares interroga si “¿Piensa el Gobierno apoyar la investigación de las desapariciones de niños robados a sus madres por la dictadura franquista y posteriormente hasta los años 80 en clínicas privadas?”.
El diputado de Izquierda Unida, al hilo de este planteamiento inicial y aclaratorio, espera que el Ejecutivo socialista especifique, entre otras, tres cuestiones fundamentales:
En el caso de que la respuesta del Gobierno sea negativa a dar el respaldo necesario, Llamazares reclama que especifique “¿Cuáles son sus razones para oponerse a esta investigación?
Ante los datos adelantados hasta ahora, se interesa por conocer “¿Para qué fecha tiene previsto el Gobierno la creación en el Ministerio de Justicia de la prometida Oficina de coordinación y agilización de la búsqueda de los niños desaparecidos?”
También considera necesario que se aclare si “¿Piensa el Gobierno facilitar la creación de una base de datos, incluyendo el ADN de las víctimas y familiares que lo soliciten?”
Llamazares expone en su pregunta que “el 28 de octubre de 2010 el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional respecto a una denuncia por robo de niños durante el franquismo”. Recuerda también que “la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que este tribunal investigue esta causa, con el discutible argumento de que no es posible la vía penal, aunque parece que el Ministerio Público sí apoyaría la vía administrativa mediante la creación de una Oficina en el Ministerio de Justicia encargada de coordinar las denuncias y agilizar los trámites en la localización de los desaparecidos”.
Frente a este contexto legal, Gaspar Llamazares completa en su iniciativa parlamentaria las cuestiones sobre las que solicita que el Ejecutivo se pronuncie y pregunta si “¿Piensa el Gobierno facilitar el acceso a las informaciones solicitadas por las víctimas o sus familiares supervivientes mediante una disposición específica que permita una interpretación flexible de la Ley de Protección de Datos?”.
Además, reclama también si “¿Piensa el Gobierno facilitar a las víctimas o a sus familiares la apertura debidamente justificada de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, de los archivos eclesiásticos y de las clínicas en las que presuntamente se realizaron las sustracciones y entregas de niños?”.
El parlamentario de IU argumenta que “lo que había empezado con una motivación política se convirtió en un negocio en los años 60 y 70 e, incluso, prosiguió hasta inicios de los 80. El mapa de adopciones ilegales se extiende por toda España: Clínicas privadas o concertadas como O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, en Madrid; Santa Isabel, en Valencia; o Pérez Serrano, en Zaragoza”.
En su opinión, “esto constituye un delito de lesa humanidad que no ha prescrito, ya que muchas de las víctimas pueden aún estar vivas”, en esta línea recuerda que “por ello, el juez Baltasar Garzón instó a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada”.
Llamazares expone en su iniciativa que “estos hechos están acreditados en el auto redactado por el juez Garzón, descritos en el documental televisivo “Els nens perduts del franquisme”, obra de Montse Armengou y Ricard Belis, y analizado en el libro “Irredentas” (2002) del historiador Ricard Vinyes, y “El caso de los niños perdidos del franquismo” (2008), del jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha”.
Además, “el juez incluye en su escrito cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura franquista entre 1944 y 1954, especificando distintas formas de sustracción de menores, sin olvidar a los que fueron repatriados desde el extranjero, contra la voluntad de sus familias, entre los años 1939 y 1949, a través de un entramado de acciones y organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”, cita Gaspar Llamazares.
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