Asamblea Local de Vejer (Cádiz)

sábado, 30 de abril de 2011

Llamamiento de Izquierda Unida: Por un 1º de mayo de lucha por una salida social de la crisis


Este Primero de Mayo de 2011 tiene lugar en un contexto especialmente agudo de luchas sociales en nuestro país y en el mundo.

Los gestores del neoliberalismo, que es la versión contemporánea del capitalismo, han decidido utilizar la crisis del sistema capitalista para intensificar la explotación de los trabajadores y pueblos del mundo entero. Tratan de recuperar la tasa de ganancia a costa del recorte de las retribuciones salariales, el retroceso de las conquistas sociales y la limitación de la democracia.

En España, el número de parados y paradas está en el borde de los 5 millones, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa. Mientras, el gran capital, con la complicidad del Gobierno (gestada en la reunión de Rodríguez Zapatero con los grandes empresarios, aunque su Ministro de Trabajo haga protesta de “boquilla” y se adopten medidas insignificantes) , se atreve a hacer públicas medidas que, hasta no hace mucho, hubieran sido consideradas como inimaginables y ocultadas a la opinión pública. Así, Telefónica, anuncia el despido de 6.000 trabajadores mientras obtiene los beneficios más altos de su historia y retribuye a sus directivos con más de 450 millones de euros de compensación extraordinaria. Y se trata sólo de un ejemplo.

La llamada reforma laboral ha abaratado el despido y, lejos de facilitar la contratación indefinida, la ha convertido en una excepción que no supera el 9% del total de los contratos.

La reforma del sistema público de pensiones constituye un ataque sin precedentes al salario indirecto de los trabajadores y tiene como finalidad abrir camino a los fondos privados de pensiones y garantizar los recursos necesarios para hacer frente a la deuda externa de la Banca española, generada esencialmente en el proceso de especulación inmobiliaria.

Con ese mismo objetivo se pone a disposición del capital financiero para su gestión la mitad del ahorro del país, mediante la privatización de las Cajas de Ahorro.

No hay ni una sola medida de las tomadas por el Gobierno Zapatero/Rubalcaba, con la excusa de combatir la crisis, que no vaya directa o indirectamente en beneficio de la banca, cuya situación de endeudamiento constituye una auténtica obsesión para el Ejecutivo del PSOE y en cuyo favor está dispuesto a sacrificar el empleo, los servicios sociales, las pensiones y la inversión pública.
Además, la proyectada reforma de la negociación colectiva pretende liquidar el sindicalismo combativo y de clase, desproteger a los trabajadores y hacer retroceder, incluso, los limitados contenidos de democracia social y económica de la Constitución española.

Ya hay la suficiente experiencia para constatar que las medidas que se están adoptando frente a la crisis, impulsadas por la Comisión Europea y el FMI, y exigidas por los gobiernos neoliberales de los países centrales de la UE, están fracasando y generan un alto coste para los trabajadores y trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos, y para la gran mayoría de la ciudadanía. Se reconoce sin rubor que son los mercados los que mandan sobre la voluntad popular. Mercados que, aunque se quiere ocultar, tienen nombre y apellidos: son los dueños de los grandes bancos y de las grandes empresas, los gestores de los fondos especulativos.

Pero las gentes que vivimos de nuestro trabajo o estamos en paro no aceptamos esta situación como si fuera un castigo divino. Que paguemos la crisis quienes no la hemos creado no es una necesidad, sino la mejor conveniencia de los mismos que la generaron y que han obtenido escandalosos beneficios con ella.

Nos rebelamos frente a esa conveniencia injusta y explotadora.

Nos rebelamos frente a las políticas de derechas del Gobierno del PSOE y nos rebelamos frente a la derecha económica y política (bien representada por el PP y los partidos nacionalistas de derechas) porque coinciden en lo fundamental: sacrificios para el mundo del trabajo y beneficios para el mundo del capital.

IZQUIERDA UNIDA mantiene frente a la crisis una posición coherente y combativa. Fuimos los primeros en plantear una Huelga General frente a las medidas del Gobierno y seguimos defendiendo un amplio paquete de medidas para abrir una salida social a la crisis, centrado en la creación de empleo y en el impulso de la economía productiva.

Planteamos con firmeza nuestra posición en el Parlamento, a través de propuestas legislativas, y en la calle mediante la convocatoria de actos y movilizaciones. Nos pronunciamos resueltamente frente a la reforma de las pensiones, independientemente del acuerdo al que hayan podido llegar los sindicatos, de la misma forma que nos comprometemos con los sindicatos en el éxito de la Iniciativa Legislativa Popular para derrotar la reforma laboral impuesta por el Gobierno.

IZQUIERDA UNIDA se mantiene firmemente con la gente de izquierda, con los trabajadores y trabajadoras.

Veintidós días después de este Primero de Mayo van a tener lugar elecciones municipales y autonómicas. Participar en las movilizaciones convocadas el día de la Fiesta Internacional de los Trabajadores es hoy más necesario que nunca, votar en las próximas elecciones para lograr Ayuntamientos y CC.AA. que sean auténticos baluartes frente a la derecha y a las políticas de derechas es la mejor garantía para lograr una salida social de la crisis.

POR EL EMPLEO
POR LOS DERECHOS SOCIALES Y SINDICALES
EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
¡VIVA EL 1º DE MAYO!

martes, 26 de abril de 2011

Cuatro municipios gaditanos, entre ellos Vejer, culpables del incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales


Younes Nachett www.andaluciainformacion.es

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha declarado a España culpable del incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales en 38 aglomeraciones urbanas, en una sentencia hecha pública este jueves.

Entre las citadas localidades se encuentran dos de la comarca de la Janda, como son Barbate y Vejer de la Frontera, junto a los municipios también gaditanos de Tarifa y Chipiona.
La máxima instancia judicial europea ha dado la razón al Ejecutivo comunitario en su denuncia presentada contra el Gobierno español por no aplicar debidamente la directiva europea de recogida, tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas e industriales.

Esta normativa establecía que las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes debían disponer de un sistema colector para las aguas residuales antes del año 2001.

La directiva también señalaba que las aguas residuales urbanas de dichas aglomeraciones debían someterse a un tratamiento secundario, e imponía unos máximos de concentración de elementos contaminantes.

La Comisión Europea envió en 2008 la última advertencia a España al considerar que este país incumplía la normativa, y tras no recibir una respuesta satisfactoria del MARM, decidió llevar el caso al tribunal de Luxemburgo. Así, el tribunal ha desestimado los avances defendidos por España en las aglomeraciones urbanas en cuestión.